Después de meses mareando la perdiz, por fin el ministro Soria presentó la legislación que va a regular el autoconsumo eléctrico en España. Las críticas de asociaciones ecologistas y el partido político Equo no se han hecho esperar. Equo ha calificado el decreto como “intencionadamente injusto y desproporcionado”. Una vez más, el oligopolio de las grandes eléctricas gana y los consumidores y pequeños productores pierde.
La legislación es injusta desde un punto de vista medioambiental y desde un punto de vista social. Facilitar el autoconsumo eléctrico puede reducir el uso de energías sucias, reduciendo la contaminación y contribuyendo a la mitigación del cambio climático. Por otra parte, en un contexto de crisis como el actual, invertir en paneles solares (u otro tipo de tecnología renovable limpia) para generar la electricidad que necesita un hogar o una pequeña empresa puede reducir la factura de la luz.
El nuevo decreto grava con un peaje el autoconsumo eléctrico. En la Unión Europa, en cambio, la mayoría de los países optan por lo contrario, es decir, por bonificar a quien quiera invertir en generar energía renovable y limpia.
El peaje de respaldo
El llamado peaje de respaldo supone pagar, inicialmente, un 27% más la energía obtenida por el autoconsumo proveniente de renovables respecto al consumo convencional. En otras palabras, si una persona instala paneles solares para producir su propia energía, esa energía será más cara que si la compra a las grandes compañías eléctricas.Hay una excepción al peaje de respaldo: las instalaciones de cogeneración. Claro que este tipo de instalaciones necesitan gas natural para producir energía, que se debe comprar a las grandes empresas energéticas.
En definitiva, el Gobierno de España casi obliga a los ciudadanos a consumir energía sucia. A no ser, claro, que estén dispuestos a pagar más.
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